En Antioquia se construirá la mayor central hidroeléctrica del país, una obra que consolidará a este departamento como la mayor potencia energética nacional. Paradójicamente esta buena noticia, lejos de tener unidos a los antioqueños, se ha convertido en motivo de la peor discordia y división regional que se recuerde.
En el centro de este enfrentamiento que protagonizan el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín hay razones económicas de peso, pero también profundas divergencias políticas entre los dirigentes locales.
Hasta hace dos años, las relaciones entre los dos socios para realizar esta obra eran cordiales. Ambos eran accionistas igualitarios en la empresa que se creó para desarrollar la mayor central hidroeléctrica de Colombia, que demandará inversiones por 3.000 millones de dólares y que tendrá una capacidad instalada de generación de 2.400 megavatios (mw).
Los lazos se rompieron en julio de 2008, cuando la administración del gobernador Luis Alfredo Ramos compró, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), un paquete de acciones que poseían varios socios minoritarios en la sociedad Hidroituango y tomó el control del proyecto. Esto desató la ira de la dirigencia medellinense. La decisión fue interpretada por el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, como una toma hostil por parte de su colega en la gobernación y prácticamente se declararon la guerra. Ramos se defendió afirmando que actuó en respuesta al intento fallido del municipio de Medellín de hacerse -a través de EPM y calladamente- con el control de la empresa.
Con la mayoría accionaria en la sociedad (52,8 por ciento), el departamento de Antioquia comenzó a liderar e impulsar el proyecto que los anteriores mandatarios tuvieron congelado por años. Sin embargo, ¿quién debería asumir la construcción de la obra? Pues allí comenzó otra agitada discusión.
Muchos consideran que debe ser EPM. Hay razones técnicas de sobra. Su amplia experiencia en este tipo de proyectos ha quedado demostrada en obras similares. También hay motivos económicos pues el retorno del negocio se quedaría en la región, y obviamente hay razones regionales, pues muchos dicen que "la obra debe quedar entre paisas".
También hay otras voces válidas partidarias de convocar a inversionistas extranjeros, de tal manera que EPM concurse como uno más. En un mundo cada vez más globalizado es entendible que locales y extranjeros deban competir de igual a igual.
Finalmente, como responsable del proyecto, el Idea invitó a inversionistas extranjeros a participar en la subasta para la financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. La banca de inversión BNP preseleccionó a siete firmas de 11 que se presentaron interesadas en la obra. Entre las compañías que acudieron están Tres Gargantas, de China; las brasileñas Electrobrá Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa, el consorcio coreano Kepko y, por supuesto, EPM de Medellín.
En la convocatoria se acordó que en cualquier momento se podría adjudicar directamente la obra, obviando la subasta. El propósito es intentar llegar a un acuerdo con EPM para que esta empresa se encargue de la construcción y el mantenimiento, mas no será tan sencillo.
Justamente hace un par de semanas, la sociedad dueña del proyecto Hidroituango decidió suspender la subasta que estaba prevista para el 30 de junio, para dar tiempo a lograr el acuerdo con EPM.
Las partes firmaron un pacto de confidencialidad donde se consignaron las bases que permitirán que el proyecto le sea adjudicado directamente a Empresas Públicas de Medellín. Aunque esto pondría fin al rifirrafe que sostienen los accionistas, el acercamiento no parece tan sencillo.
La gobernación pide ciertas condiciones. Entre ellas, que Empresas Públicas pague una prima que se ha estimado del orden de 205 millones de dólares; que al cabo de 40 años la Central retorne nuevamente a la sociedad Hudroituango; y que ni el Idea ni el departamento cedan la mayoría accionaria.
El gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Federico Restrepo, afirma que son las bancas de inversión contratadas las que afinarán las cifras del acuerdo. En todo caso se sabe que EPM no estaría dispuesta a pagar una prima, y en su lugar aceptaría dar un anticipo de las regalías que le corresponderán hacia futuro.
Lo cierto es que esta disputa por la central Hidroituango ha pasado a otros terrenos. Los contradictores políticos de Luis Alfredo Ramos -los ex gobernadores Aníbal Gaviria y Eugenio Prieto, el ex congresista Ramón Elejalde y Yolanda Pinto (viuda del ex gobernador Guillermo Gaviria Correa)- tomaron partido en esta polémica y se han trenzado en una fuerte discusión y criticado el papel del Idea en el negocio. En respuesta a sus críticas, Álvaro Vásquez, director del Idea, los ha llamado "viudos del poder, que hace dos años y medio no han podido procesar el duelo de haber perdido la gobernación del departamento".
Vásquez asegura que el Idea ha quintuplicado sus utilidades y ha pasado todas las revisiones de la Contraloría Departamental y General de la Nación, garantizando la solidez y viabilidad financiera del Instituto, en cabeza del cual está la mayoría accionaria de la sociedad Hidroituango.
En los últimos foros que se han realizado en la capital antioqueña para debatir este tema, la tensión ha subido al máximo, y en lugar de mejorar las relaciones, han terminado por ahondar las diferencias.
En esta pelea regional revivió una vieja polémica del departamento antioqueño relacionada con la responsabilidad social de EPM más allá de la ciudad capital. El gobernador Ramos sostiene que no todo se puede concentrar en Medellín y ha lanzado duras críticas a EPM ,que obtiene la fuente hídrica en el departamento, mientras que todos los excedentes van a parar a la capital. Ramos tiene poderosos argumentos para reclamar una mayor atención social en su departamento, en donde se encuentran muchos de los municipios más pobres del país.
El gerente general de EPM le dijo a SEMANA que este argumento pretende dividir la región y que Medellín también es Antioquia. Recuerda que EPM, además de entregar las regalías que por ley le corresponden, ha puesto de su propio bolsillo el aumento en la cobertura de electrificación en el departamento, que llegará en 2011 al 95 por ciento. Y que asumió con sus recursos el programa de restitución de redes destruidas en muchas de las zonas de violencia del departamento. Restrepo rechaza las acusaciones de que los municipios del área de influencia de los embalses donde EPM tiene sus proyectos son los más atrasados socialmente. Por el contrario, afirma que han hecho importantes aportes y que las tarifas no son más altas que en el resto del departamento, como se ha querido presentar.
Lo cierto es que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene alrededor de la cuarta parte de la capacidad instalada en generación de energía en Colombia, y Medellín cuenta con las empresas más relevantes en la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía: ISA, EPM e Isagen. El nuevo proyecto consolidará al departamento como una potencia energética y al mismo tiempo le permitirá al país contar con generación para atender el crecimiento económico e incluso pensar en ser un jugador en la región. Ojalá que en los próximos días se logre el acuerdo que beneficie al país, pues como dicen quienes ven esta disputa desde la barrera, los dirigentes son coyunturales y con el tiempo las que quedan son las instituciones.
TOMADO DE LA REVISTA SEMANA
0 Comentarios