Hay advertencias, que así suenen lejanas, vale la pena escuchar.
Eso es lo que viene de pasar con un escrito de la firma Correval, en el
que esta enciende las luces de alerta en torno al futuro de la generación de
energía en Colombia.
De acuerdo con el documento, el país puede tener problemas a finales de
la presente década, si una serie de proyectos que forman parte de la ruta de
expansión del sector eléctrico se desvían en forma considerable de su
cronograma original.
La voz de alarma merece ser tomada en serio. Aunque en el corto plazo
todo se ve tranquilo, no hay duda de que el crecimiento económico proyectado
implica un salto en el consumo de electricidad.
De acuerdo con el Ministerio de Minas, para el 2020 el país usaría un 57
por ciento más de gigavatios-hora que en la actualidad.
Aparte de lo anterior, se espera que exista una demanda adicional, ante
la posibilidad de abastecer a buena parte de Centro y Sur América mediante la
construcción o ampliación de líneas de transmisión.
En principio, Colombia tiene una enorme ventaja comparativa para
convertirse en un gran proveedor de energía. Gracias a su topografía y a su
riqueza en lo que hace a fuentes de agua, se han identificado proyectos que
tendrían una capacidad instalada de 93.000 megavatios tan solo en el campo de
la generación hidráulica.
La cifra equivale a unas diez veces lo que se ha hecho hasta ahora e
incluye iniciativas en múltiples puntos de la geografía nacional.
Aparte de lo anterior están las plantas térmicas que pueden
desarrollarse, gracias a la existencia de yacimientos de carbón y gas. De
hecho, cerca de una tercera parte del parque actual, que equivale a 14.432
megavatios, corresponde a esta categoría.
Y aunque tener una mezcla de diferentes fuentes es bueno por prudencia
-sobre todo ante eventuales cambios hidrologícos- no hay duda de que el
‘combustible’ más barato que hay es el agua, aparte de ocasionar el impacto
ecológico más bajo de todos.
En tal sentido, la ampliación de la capacidad energética del país pasa
por la construcción de varias hidroeléctricas.
Según los tiempos establecidos, este año debería entrar a operar la del
río Amoyá, en el Tolima, mientras para el 2014 el turno será para Sogamoso, en
Santander y El Quimbo, en Huila. Aparte de unos proyectos menores, en el 2018
hay un hito fundamental, con Ituango, en Antioquia, que con sus 1.200
megavatios es el emprendimiento más importante de todos.
Como es de suponer, cualquier desviación de esas fechas generaría
problemas mayúsculos, además de costos adicionales.
Tal fue el caso tras la determinación de Empresas Públicas de Medellín,
que hace un tiempo determinó cancelar Porce IV, debido a que el número de
residentes en la zona del proyecto se multiplicó por cinco en pocos meses,
haciéndolo inviable.
A la luz de lo sucedido, las autoridades encargadas de planear el futuro
energético del país tienen que refinar sus modelos de demanda y contar con
escenarios diferentes, en caso de que se presenten tropiezos importantes en los
años por venir.
Al mismo tiempo, los colombianos deben ser conscientes de que el
escenario que más les conviene es el de impulsar la generación con base en
agua.
Es cierto que una iniciativa que implica la construcción de una presa
causa traumatismos en las comunidades afectadas, pero bajo el requisito de que
existan los mecanismos de compensación apropiados, es indudable que el bien
común debe primar sobre el particular.
Sin desconocer el valor del diálogo o la consulta, ciertas obras tendrán
que hacerse, a pesar de posiciones extremas.
Bien dicen los conocedores del tema que la electricidad más cara es la
que no se tiene.
Sería un error mayúsculo que Colombia, que cuenta con las condiciones
naturales para ser una potencia energética, no las aproveche.
Y aun más que el país se arriesgue a un apagón en unos años, si no
completa obras que le corresponden.
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