La Procuraduría General de la Nación formuló ayer públicamente las recomendaciones de control que debe acatar Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el proceso de licitación de las obras principales (presa y casa de máquinas) de la central hidroeléctrica Ituango.
Ubicado en el norte de Antioquia, se trata del proyecto de generación de electricidad más grande que está en marcha en el país y para 2018 deberá operar con una capacidad instalada de 2.400 megavatios de energía. Asimismo, la megaobra implicará a EPM una inversión de 5.508 millones de dólares (unos 10 billones de pesos) en obras físicas, civiles, equipos y financiación.
El Ministerio Público recordó a EPM que si bien su régimen contractual es privado, deberá proteger el patrimonio público. De ahí que planteó varias sugerencias después de que la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realizara una visita de inspección preventiva a la empresa que propiedad del Municipio.
“Al final de la visita, los funcionarios del ente de control manifestaron su tranquilidad en el desarrollo del proceso y formularon algunas recomendaciones que fueron acatadas por la entidad”, señaló anoche EPM en un comunicado oficial, en que reiteró que todo el proceso se ha llevado con transparencia.
Observaciones al proceso
No obstante, la Procuraduría recomienda repasar el resultado de la evaluación de la convocatoria pública y “verificar las propuestas presentadas por los oferentes cumplan los requerimientos señalados en el pliego de condiciones”, señala un reporte del ente de control.
En marzo pasado se cerró la licitación a la que se presentaron tres consorcios y una unión temporal. Pero a finales de julio pasado, el Juez 34 Penal Municipal de Medellín ordenó suspender temporalmente la licitación luego de que fallará a favor del consorcio Aoco, el cual reclamaba seguridad jurídica e igualdad de condiciones para competir en el proceso.
En ese sentido, ayer la Procuraduría, sugirió revisar la ponderación de los criterios de evaluación y justificarla a la luz de las reglas planteadas en el pliego de condiciones de la licitación.
También señala que la presentación de los resultados de la licitación debe ser en audiencia pública y acompañarán el proceso para garantizar el derecho de contradicción y debido proceso.
Finalmente, la Procuraduría aclaró que es EPM, “en ejercicio de su autonomía, la única instancia responsable de adoptar decisiones en el proceso de selección”. http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elcolombiano.com
Ubicado en el norte de Antioquia, se trata del proyecto de generación de electricidad más grande que está en marcha en el país y para 2018 deberá operar con una capacidad instalada de 2.400 megavatios de energía. Asimismo, la megaobra implicará a EPM una inversión de 5.508 millones de dólares (unos 10 billones de pesos) en obras físicas, civiles, equipos y financiación.
El Ministerio Público recordó a EPM que si bien su régimen contractual es privado, deberá proteger el patrimonio público. De ahí que planteó varias sugerencias después de que la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realizara una visita de inspección preventiva a la empresa que propiedad del Municipio.
“Al final de la visita, los funcionarios del ente de control manifestaron su tranquilidad en el desarrollo del proceso y formularon algunas recomendaciones que fueron acatadas por la entidad”, señaló anoche EPM en un comunicado oficial, en que reiteró que todo el proceso se ha llevado con transparencia.
Observaciones al proceso
No obstante, la Procuraduría recomienda repasar el resultado de la evaluación de la convocatoria pública y “verificar las propuestas presentadas por los oferentes cumplan los requerimientos señalados en el pliego de condiciones”, señala un reporte del ente de control.
En marzo pasado se cerró la licitación a la que se presentaron tres consorcios y una unión temporal. Pero a finales de julio pasado, el Juez 34 Penal Municipal de Medellín ordenó suspender temporalmente la licitación luego de que fallará a favor del consorcio Aoco, el cual reclamaba seguridad jurídica e igualdad de condiciones para competir en el proceso.
En ese sentido, ayer la Procuraduría, sugirió revisar la ponderación de los criterios de evaluación y justificarla a la luz de las reglas planteadas en el pliego de condiciones de la licitación.
También señala que la presentación de los resultados de la licitación debe ser en audiencia pública y acompañarán el proceso para garantizar el derecho de contradicción y debido proceso.
Finalmente, la Procuraduría aclaró que es EPM, “en ejercicio de su autonomía, la única instancia responsable de adoptar decisiones en el proceso de selección”. http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elcolombiano.com
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