Espaldarazo a Plan Integral de Ituango TOMADO DEL PERIÓDICO EL MUNDO

Pat on the back for Ituango’s Comprehensive PlanEspaldarazo a Plan Integral de Ituango
Autor: Mónica Marcela Escobar Mesa 
17 de Febrero de 2013

El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín dieron su apoyo al proyecto y destacaron las bondades de las obras que se realizarán en los doce municipios de influencia por US$100 millones.

    

El proyecto hidroeléctrico Ituango tiene un costo estimado de 5.508 millones de dólares y está localizado entre el Norte y el Occidente de Antioquia, en jurisdicción de doce municipios. Su inicio de operaciones se tiene previsto a partir de 2018.

Hasta los municipios de Ituango y Olaya se desplazaron este viernes y sábado  funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y EPM entre otros, para dar a conocer el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, con el que se destinarán cien millones de dólares para obras en los doce municipios de influencia del proyecto.

Dichos recursos fueron anunciados en la asamblea extraoridinaria de la Sociedad Hidroeléctrica que se realizó a finales de enero, luego de que se aprobara por mayoría que EPM y no EPM Ituango fuera el que directamente ejecutara el proyecto.

Así, estas inversiones adicionales, que no hacen parte de las obligaciones de la compañía por la realización del proyecto, se podrán hacer gracias a los beneficios tributarios que tendrá Hidroituango a través del contrato de estabilidad jurídica que tiene EPM.

En ese sentido, el gerente de Hidroituango, John Alberto Maya, explicó que la inversión se realizará entre este año y el 2014 de una forma totalmente articulada con los planes de desarrollo de la Gobernación y las alcaldías, de acuerdo con las necesidades de las poblaciones, lo cual permitirá responder a las verdaderas prioridades de las poblaciones en materia de infraestructura, educación, salud, entre otros aspectos.

“Para esto se hizo una matriz en la cual esos proyectos, más los que tiene que hacer por obligación en la licencia ambiental Hidroituango, se organizaron y tras una concertación entre todos los entes, se definieron los de mayor prioridad en cada municipio para ejecutar en el corto plazo”, explicó Mauricio Pérez, director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea. 

Pérez también aseguró que la mejor garantía de que se van a invertir los dineros como debe ser, es que se ejecutarán a través de la Gobernación y EPM, que “decidieron voluntariamente adicionar estos recursos para tener un mayor impacto social en la zona”.

Frente a esto, el gobernador Sergio Fajardo expresó que hay que hacer mucha pedagogía porque este es un cambio muy grande, “hay que explicarle a las comunidades qué es el desarrollo y la gente eventualmente entiende, pero precisamente para eso se necesitan líderes y hay unos que saben explicar, que saben construir y otros a los que no les interesa que haya una transformación porque de esa manera mantienen sometidas a las comunidades”. 

De esta forma, Fajardo aseguró que el mayor reto es explicar lo que viene y atender a quienes reclamen, “porque hay reclamos legítimos, pero yo no tengo la menor duda de que lo que estamos generando aquí son unas oportunidades extraordinarias y únicas en un lugar donde el Estado ha sido ausente”.

Las dificultades para atender

Para Carlos Mario Méndez, subgerente de sostenibilidad de Ituango, el proyecto tiene mucha gente a favor y mucha gente en contra que se centra en “algunas demoras en reclamos, en las que muchas veces la gente tiene razón”. No obstante, él asegura que “la promesa de la empresa es que toda reclamación que llegue y todo problema que genere el proyecto, se mitigará adecuadamente y tenemos que demostrarlo con historia de gestión, entonces el llamado es a que la gente sepa que le vamos a cumplir”.

Los tres principales tipos de reclamo que se dan según Méndez son por las afectaciones que por la rectificación y el mantenimiento de las vías se originan en algunas casas y predios, a lo cual manifiesta que “casa que se afecte o se agriete, cuando termine la obra será atendida porque en algunos puntos todavía la pavimentación no va, entonces para qué arreglarlas antes de terminar si podrían dañarse”.

 Un segundo factor de reclamación tiene que ver con las políticas de empleo y las peticiones de la gente de la región porque se den puestos de trabajo. Ante esto, se espera que el contratista de las obras principales que se adjudicaron en el último trimestre de 2012 “genere un gran pico de empleo cuando inicie sus obras en marzo”, expresa el funcionario.

Entre tanto, el tema más delicado tiene que ver con las reclamaciones de ciertas personas que piden la realización de un nuevo censo de los mineros que van a ser beneficiados. 

Ese es el caso de Genaro Graciano, representante de la Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango, quien manifestó que cuando se realizó dicho censo “no se tuvo en cuenta la situación real de la zona”, por lo que además pidió ayudas para apoyar a los productores agrícolas del lugar.

Finalmente, en cuanto a que hay por lo menos unos 3.000 mineros que quedaron fuera del censo, el gerente de EPM, Juan Esteban Calle, explicó que “eso no es cierto, pues los censos están claramente validados. Lo que  no podemos dejar es que las personas se quieran aprovechar de una situación que es benéfica para las mayorías, simplemente tratando de perseguir unos beneficios que no les corresponden”. 

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Obras civiles

Tras haber adjudicado en agosto el contrato de las principales obras civiles del proyecto hidroeléctrico Ituango, y haberse firmado protocolaria entre las empresas constructoras que pertenecen al consorcio CCC Ituango y EPM, la entidad anunció que este consorcio se encargará de construir “la columna vertebral” que es un dique de 225 metros de altura (algo así como un edificio de 75 pisos), el vertedero, los túneles de conducción y de descarga, y la casa de máquinas subterránea, que contendrá las ocho unidades (turbinas) de generación de energía.

Otra opinión

Respecto a las dificultades que se han presentado con el censo minero, Carlos Mario Méndez aseguró que  se encuentran haciendo los trámites necesarios para que la Contraloría y la Procuraduría sirvan de validadores del censo, teniendo en cuenta que los apoyos que se darán a estos mineros provienen de dineros públicos.

“Queremos vincular un tercero para que garantice que si la petición está en la legalidad se incluya, pero si está en ilegalidad, también que sea la ley que lo castigue. La idea es que si de eso sale algún dolo, sea trasladado a las instancias que sea”.

 En ese sentido, la empresa promotora del proyecto ha hecho varios estudios durante mucho tiempo, que han arrojado un registro de 1.404 mineros afectados. No obstante, Méndez asegura que “nos han llegado 560 reclamaciones que nosotros investigamos una a una, vemos los soportes que la gente nos trae, le hacemos visita y no podemos incluirlos porque nos han resultado  muchos vivos. Es muy complicado cuando uno maneja recursos públicos, dejar adentro a gente que no es, o dejar por fuera gente que sí es y vamos a ser muy celosos con eso, de ahí lo que nos estamos graneando de participar de esas instancias de control”.

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